Ante el reciente anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la eliminación de la franquicia tributaria del SENCE —en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast—, se vuelve inevitable abrir una discusión de fondo sobre el verdadero problema del sistema de capacitación en Chile. La autoridad ha argumentado que este instrumento, con un costo cercano a los US$ 300 millones anuales, no muestra resultados positivos y ha sido objeto de abusos; sin embargo, más que cerrar el mecanismo, el debate debiera centrarse en si las fallas responden al diseño del instrumento o, más bien, a la forma en que ha sido gestionado y supervisado.
Eliminar la franquicia tributaria sin hacerse cargo de las fallas estructurales del sistema es, francamente, atacar el síntoma y no la causa. El problema nunca ha sido el instrumento en sí, sino la débil fiscalización y la falta de estándares claros que aseguren calidad e impacto real en la capacitación. Cuando el control es laxo, el sistema se distorsiona… pero la solución no es desmantelarlo, sino gestionarlo bien. Hoy más que nunca se necesita una autoridad presente, técnica y rigurosa, que no solo regule, sino que también supervise con criterio y consistencia.
Pero, ojo, aquí no todo recae en el Estado. Las empresas también tienen un rol clave que no siempre están asumiendo: pasar de ser usuarios pasivos a actores estratégicos de su propia capacitación. La autogestión, la definición de brechas reales y la exigencia de calidad en la oferta formativa son parte del juego. Si queremos capital humano competitivo, este es un trabajo compartido: menos dependencia, más responsabilidad. Porque, al final del día, invertir bien en capacitación no es un gasto… es una decisión de negocio inteligente.
CAPTAS OTEC SPA.